A partir del 1 de enero, la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) será obligatoria en muchos municipios de Cataluña. Sin embargo, no todos los municipios previstos inicialmente deberán aplicar esta medida. Finalmente, 24 municipios han quedado excluidos de la obligación gracias a la mejora demostrada de la calidad del aire durante los últimos años.
En conjunto, casi cinco millones de personas viven en alguno de los 38 municipios catalanes que sí estarán obligados a tener una ZBE activa, una cifra inferior a la prevista inicialmente, que era de 62 municipios.
Municipios de más de 50.000 habitantes: obligación general
La normativa vigente establece que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben implantar una ZBE, independientemente de sus niveles de contaminación. En Cataluña, esto afecta a 23 municipios.
Algunos, como Barcelona o Sant Cugat del Vallès, hace tiempo que tienen la ZBE en funcionamiento y ya sancionan a los vehículos infractores. Otros, como Girona, Terrassa o Sabadell, la han puesto en marcha recientemente, en muchos casos con múltiples excepciones para los residentes. También hay casos como Rubí, donde todavía no se han instalado ni las cámaras ni la señalización necesaria.
Municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes: depende de la calidad del aire
La situación es distinta en los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Según la Ley de Cambio Climático 7/2021, solo están obligados a implantar una ZBE aquellos que hayan superado los valores límite de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO₂) o partículas. El Plan de Calidad del Aire 2027 añade además el ozono como criterio adicional.
En total, 39 municipios se encontraban en esta situación, pero 24 han podido acreditar una mejora sostenida de la calidad del aire durante los últimos cinco años y, por tanto, quedan exentos de la obligación. Entre estos municipios se encuentran El Vendrell, Figueres, Martorell o Igualada.
Desde el Ayuntamiento de Igualada, el concejal de Sostenibilidad y Movilidad ha valorado positivamente la decisión, atribuyéndola a políticas de fomento del transporte público, la movilidad a pie y en bicicleta, y la apuesta por el vehículo eléctrico. Otros municipios, como Vilafranca del Penedès, a pesar de quedar excluidos, han anunciado que seguirán impulsando medidas para reducir el tráfico motorizado.
Municipios que deberían activar la ZBE… pero no lo harán de momento
Finalmente, 15 municipios de menos de 50.000 habitantes sí deberían tener una ZBE activa a partir del 1 de enero, como Tortosa, Molins de Rei o Banyoles. No obstante, muchos de estos municipios todavía no disponen de cámaras, señalización ni ordenanzas aprobadas.
En algunos casos, como Vic, el consistorio ya ha avanzado que no activará la ZBE a corto plazo. El alcalde ha expresado dudas sobre el impacto de la medida en municipios alejados de las grandes áreas metropolitanas y ha propuesto alternativas como una ZBE de ámbito comarcal.
Sin sanciones para los municipios incumplidores
La Generalitat ha confirmado que no sancionará a los municipios que no cumplan los plazos. Desde el Departamento de Cambio Climático se insiste en que la normativa es flexible y permite adaptar las ZBE a la realidad de cada municipio, teniendo en cuenta factores como la renta, la antigüedad del parque móvil o la configuración urbana.
Según el Gobierno catalán, la experiencia de zonas como la ZBE de las Rondas de Barcelona, activa desde 2020, demuestra que estas medidas pueden tener un impacto positivo en la calidad del aire, la reducción del ruido y la mejora del espacio urbano.
Consulta si tu municipio está obligado a tener ZBE
Existen herramientas de consulta que permiten verificar si a partir del 1 de enero tu municipio debe tener una ZBE activa o queda exento por criterios ambientales. Informarse es clave para entender cómo pueden afectar estas medidas a la movilidad cotidiana y a la planificación urbana local.
Las ZBE continúan siendo un instrumento central de las políticas de movilidad sostenible, pero su despliegue en Cataluña pone de manifiesto la necesidad de adaptarlas a la realidad territorial y social de cada municipio.
